Aún antes de suscitarse la emergencia del COVID-19, en distintas partes de América Latina, se evidenciaban situaciones de crisis social y política, que presentaban serios interrogantes sobre el futuro de la democracias. El Salvador y Guatemala son países que se hallan inmersos en un contexto marcado por violencias, abusos a los derechos humanos, corrupción estructural e impunidad. Estas problemáticas han afectado severamente los sistemas políticos y deteriorado el tejido social. Paralelamente, a partir de las protestas sociales del 2015(1) la participación de las juventudes en el espacio cívico se multiplicó, convirtiéndose en un actor clave en la lucha por la democracia y la lucha contra la violencia y la corrupción. Sin  embargo, muchas de las iniciativas, liderazgos y  organizaciones todavía se encuentran en un estadío incipiente y con escaso poder de incidencia en la arena política.